Hasta finales de los años 90, los abogados y procuradores en España estaban obligados a cotizar a través de una Mutualidad alternativa. Este sistema, basado en una caja común y en la solidaridad entre sus miembros, garantizaba las pensiones de quienes ya se encontraban dentro del sistema, pero a costa de que las nuevas generaciones también se sumaran a la Mutualidad. En teoría, esto parecía una forma viable de asegurar la continuidad y estabilidad financiera del colectivo, pero en la práctica, este modelo arrastraba una serie de problemas que el Estado no solo ignoró, sino que también perpetuó.

Con el cambio de siglo, se abrió por primera vez la posibilidad legal de que los profesionales optaran por cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Hasta entonces, esta opción había estado fuera de su alcance. Sin embargo, este cambio, que en principio parecía un avance, vino con un gran inconveniente: no se habilitó una Pasarela al RETA.

¿Qué significaba esto en la práctica? Que aquellos Mutualistas alternativos que decidieran pasarse al RETA, lo harían a costa de perder todas las cotizaciones acumuladas en la Mutualidad. Debían comenzar de cero, sin que se reconociera el tiempo ya cotizado en el sistema alternativo. Esto resultaba en una gran injusticia, ya que todos sabemos que para tener derecho a una pensión pública es necesario cumplir con un mínimo de años cotizados. Sin una Pasarela que permitiera transferir esos años de cotización, cambiarse al RETA se convertía en una decisión prácticamente inviable para muchos.

Para quienes se incorporaron a la profesión en el año 2000 y en adelante, la opción de elegir entre la Mutualidad o el RETA se convirtió en una realidad. Sin embargo, esta elección no era tan simple. El sistema mutualista alternativo se basaba en la solidaridad: si los nuevos colegiados no se sumaban a la Mutualidad, las pensiones de aquellos que ya estaban dentro no podrían financiarse. En otras palabras, la viabilidad del sistema dependía de que las nuevas generaciones siguieran aportando al mismo fondo común.

Este dilema provocó que los colegios profesionales siguieran incentivando la afiliación de los nuevos colegiados a las Mutualidades, asegurando así la supervivencia del sistema. Pero este enfoque no resolvía el problema de fondo, sino que solo prolongaba su inevitable colapso. A pesar de que el Estado era plenamente consciente de esta situación, prefirió guardar silencio y mirar hacia otro lado, favorecido por la inercia del sistema.

Ante el riesgo evidente de un colapso del sistema basado en la solidaridad, el Estado tomó medidas, pero solo para poner un parche temporal. Obligó a las Mutualidades a pasar de un sistema de caja común a uno de cotización individual. Esto significaba que cada cotizante comenzaba a financiar directamente su propia pensión, en lugar de contribuir a un fondo común. 

Este cambio, sin embargo, no abordó el verdadero problema: la falta de una Pasarela al RETA que permitiera a los Mutualistas alternativos transferir sus cotizaciones de forma justa. Lejos de ser una solución definitiva, este cambio sólo postergó la crisis que se venía gestando.

El fracaso del sistema mutualista alternativo no puede ser atribuido únicamente a las dificultades inherentes de su modelo de financiación. Es, en gran medida, el resultado de la inacción y la falta de previsión por parte del Estado. El Estado y las Mutualidades son cómplices de la situación actual, en la que miles de profesionales se encuentran atrapados en un sistema que no les ofrece seguridad ni garantías. 

No se puede seguir permitiendo que los Mutualistas alternativos queden abandonados a su suerte en un sistema que ha demostrado ser insostenible. La solución pasa por crear una Pasarela justa, digna y real al RETA. 

Esta Pasarela debe permitir que todas las cotizaciones alternativas puedan ser transferidas al RETA de manera equitativa. Lo mínimo que se puede exigir es un traspaso en una proporción 1x1: un año cotizado en el sistema alternativo debe equivaler, al menos, a un año cotizado en el RETA. 

Esta es la única manera de asegurar que quienes han contribuido durante años al sistema mutualista alternativo no pierdan los derechos que han adquirido con su trabajo y esfuerzo.

El fracaso del sistema mutualista alternativo no es un problema sobrevenido, sino el resultado de décadas de inacción y desinterés por parte del Estado. Es hora de que se tome una decisión valiente y se ponga fin a esta situación de injusticia.

El Estado es responsable de la situación actual y nos debe una Pasarela justa, digna y real al RETA.

Esta es la única forma de reparar el daño causado y de asegurar un futuro digno para todos los profesionales que han confiado en un sistema que, desde hace mucho tiempo, dejó de cumplir con su promesa.