No es redactar una carta, ni una reunión de 30 minutos. 

Es una licenciatura de 5 años (4 en algunos casos), varios master y cursos complementarios o de especialización, es estar al día de los numerosos, constantes y en ocasiones contradictorios cambios legislativos, de los giros jurisprudenciales y las últimas tendencias en los juzgados. Es contar y acumular experiencia. 

Es mantener abierto un despacho, con todo lo que ello implica: una oficina, equipos informáticos, bases de datos y jurisprudencia, libros y manuales, programas y aplicaciones, mobiliario, líneas telefónicas, conexión a internet, personal administrativo, seguro, alarma. Pagar agua, luz, calefacción, aire acondicionado, comunidad de propietarios, etc.  

Es abonar la colegiación, unos seguros sociales y un seguro de responsabilidad civil profesional; cumplir la normativa administrativa, deontológica y con las garantías que impone la legislación en materia de datos personales y de blanqueo de capitales; respetar las obligaciones contables, mercantiles en el caso de sociedades, y por supuesto fiscales, abonando los correspondientes tributos. 

¿Todo eso? Sí, todo eso y seguro que me dejo cosas. 

Todo eso, más el tiempo del propio abogado, se le está cobrando cuando usted solicita una reunión para que le oriente y resuelva unas dudas jurídicas o le redacte, lo que, aunque no sabe resolverlo ni confeccionarlo, le parece una sencilla consulta o un simple documento. 

2 de agosto de 2019.