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Ángel López

(Firma Digital). 

Quizás sea eso, los abogados, siempre enfrascados en la defensa de los derechos, libertades e intereses de sus clientes son un colectivo extraño, raro, que se ha olvidado de sí mismo. 

Muchos de ellos defienden a capa y espada los derechos de millones de trabajadores por todos los juzgados del país; curiosamente, derechos, de los que en muchos casos, y de facto, ellos no disfrutan. 

Otros defienden y velan los intereses de los múltiples y numerosos sectores económicos o profesionales del país. No se conciben asociaciones empresariales sectoriales sin un nutrido equipo de abogados, analizando e influyendo en normativas y regulaciones para ver su impacto en el sector y si es necesario acudir a los tribunales para defender sus intereses.  

Detrás del resplandor del cuero de los sillones y de los escritorios de roble o diseño de los despachos de abogados, la realidad es que hay mucha precariedad: no hace falta que la detalle, porque tú compañero o compañera que me lees, sabes perfectamente a qué cosas me refiero. 

Detrás del destello de las moquetas y maderas nobles de nuestros, supuestamente, centros de representación institucional, la verdad es que no sé lo que hay, o más bien, prefiero callármelo porque tú compañero y compañera lo sabes mejor que yo. 

Tan raros somos, tan extraños, y tanto nos hemos olvidado de nosotros mismos que cuando nos hemos movilizado lo hemos hecho siempre pensando en los intereses de nuestros clientes y ahí está el trabajo que desde años viene haciendo la Brigada Tuitera o #T. 

Aunque bien es verdad que, en muchas ocasiones, los intereses de los abogados confluyen con los de los nuestros clientes, porque obviamente, si a ellos les impiden u obstaculizan su legitimo derecho a acceder y a contar con una Justicia de calidad, a los abogados necesariamente nos irá mal. 

Sin derechos no hay justicia, pero no menos cierto resulta que sin abogados tampoco, y quizás, detrás de esta cuestión tan elemental están los males de la profesión y los ataques que la abogacía de a pie, la que defiende al ciudadano o al pequeño empresario, viene recibiendo. No lo duden, sin pequeños abogados o con estos debilitados, los grandes poderes políticos y económicos vivirán mucho mejor: ya no habrá nada, ni nadie, que ponga coto a sus desmanes, abusos o corruptelas.  

Pero también es verdad que tenemos que pensar en nosotros mismos y en nuestras cosas: conciliación y derechos personales, dignificación profesional, turno de oficio, etc. e incluso en nuestra propia supervivencia futura porque cada vez es mas palpable que está seriamente amenazada. 

Pues pensando en todo esto y porque no puede seguir ocurriendo que "en casa del abogado los derechos sean se palo", un grupo de compañeros y compañeras, bajo la bandera de #R, están organizando el Primer Congreso de la Abogacía Independiente que se celebrará los días 29 y 30 de noviembre. 

Nos vemos en Córdoba. 

No es redactar una carta, ni una reunión de 30 minutos. 

Es una licenciatura de 5 años (4 en algunos casos), varios master y cursos complementarios o de especialización, es estar al día de los numerosos, constantes y en ocasiones contradictorios cambios legislativos, de los giros jurisprudenciales y las últimas tendencias en los juzgados. Es contar y acumular experiencia. 

Es mantener abierto un despacho, con todo lo que ello implica: una oficina, equipos informáticos, bases de datos y jurisprudencia, libros y manuales, programas y aplicaciones, mobiliario, líneas telefónicas, conexión a internet, personal administrativo, seguro, alarma. Pagar agua, luz, calefacción, aire acondicionado, comunidad de propietarios, etc.  

Es abonar la colegiación, unos seguros sociales y un seguro de responsabilidad civil profesional; cumplir la normativa administrativa, deontológica y con las garantías que impone la legislación en materia de datos personales y de blanqueo de capitales; respetar las obligaciones contables, mercantiles en el caso de sociedades, y por supuesto fiscales, abonando los correspondientes tributos. 

¿Todo eso? Sí, todo eso y seguro que me dejo cosas. 

Todo eso, más el tiempo del propio abogado, se le está cobrando cuando usted solicita una reunión para que le oriente y resuelva unas dudas jurídicas o le redacte, lo que, aunque no sabe resolverlo ni confeccionarlo, le parece una sencilla consulta o un simple documento. 

2 de agosto de 2019. 

La cuenta de Twitter de la Ministra de Justicia y del propio Ministerio de Justicia se congratulan de haber sido nominados como finalistas para la concesión por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), del Premio europeo "Balanza de Cristal", por el Sistema de Justicia Digital implantado en España.

Como al enterarme se me han “llevado los demonios”, he preparado esta pequeña carta a modo de queja, que se puede editar o simplemente corta pegar, en un correo electrónico o en una carta con los membretes de vuestro despacho y remitir a la sede del CEPJ, a través de la cuenta cepej@coe.int 

(nota, poner en copia letradomadrid@gmail.com y así llevamos un control)

Solo os llevará un escaso minuto, y obviamente, si reciben bastantes, seguramente les llama la atención, y quizás tenga algún efecto.

TEXTO DE LA CARTA DE QUEJA

A la atención de:

Responsables de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ)

Consejo de Europa.

Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho

División para la Independencia y la eficacia de la Justicia.

Solicitamos, además, su reenvío a:

Sra. H Anne Juncher

Sr. Ramin Gurbanov

Estimados:

Les escribo la presente en tanto que abogado español, y dado que he tenido conocimiento, de que que han estado recibiendo información del Gobierno de mi país sobre la Digitalización de la Justicia y el Sistema Lexnet.

En este sentido, incluso el Ministerio de Justicia de España, públicamente se está congratulando de estar nominado y ser finalista al Premio Europeo "Balanza de Cristal" por su Sistema de Justicia Digital.

Más allá de los aparentemente deslumbrantes datos y estadísticas oficiales, la realidad es, la que que a diario, padecemos y conocemos los usuarios (abogados y procuradores) de la Justicia Digital de España (en especial del Sistema Lexnet) y esta es la siguiente:

- El sistema Lexnet es un sistema anticuado, lento, con muy pocas capacidades técnicas, que se cuelga constantemente y da múltiples fallos y errores.

- El sistema Lexnet ha sido implantado y se estableció su uso obligatorio, sin estar preparados los medios para su uso por los juzgados, ni formados los funcionarios que debían utilizarlo.

- El sistema Lexnet al no estar bien desarrollado, viene siendo constantemente parcheado, con nuevas versiones y actualizaciones que obligan a la suspensión del sistema y que destrozan las configuraciones técnicas de los equipos informáticos de lo usuarios que se ven obligados a reinstalar una y otra vez sus sistemas.

- El sistema Lexnet por su ineficacia y todos los motivos anteriores hace perder horas y horas de tiempo a los procuradores y abogados que lo usan, a los cuales se les ha convertido en grabadores de datos y clasificadores de los escritos que remiten, dado que el sistema obliga a esas tareas previas para presentar un cualquier escrito.

- El sistema Lexnet no respeta el derecho de conciliación familiar y personal de los procuradores y abogados, al imponer plazos muy breves de revisión y acceso a las notificaciones electrónicas judiciales y no admitir el derecho a la desconexión temporal.

- El sistema Lexnet ha tenido importantes fallos de seguridad, detectados y comprobados directamente por sus usuarios, sin que el Ministerio lo haya detectado previamente y siendo previsible que tenga numerosos accesos indebidos y vulnerabilidades no conocidas.

- En los Juzgados no existe el expediente digital electrónico, por lo que en la mayoría de los Juzgados los documentos se siguen imprimiendo, por lo que no supone avance alguno, sino que duplica los esfuerzos de tiempos y costes. Hay diversos informaciones de que ahora se gasta más en papel que antes de su implantación.

- El sistema Lexnet no funciona en todo el país, sino que cada Comunidad Autónoma tiene sistema digitales diferentes, lo que obliga a los abogados y procuradores a conocer todos ellos, no siendo en ocasiones compatibles y habiendo supuesto una duplicación de los costes.

- La propia ineficacia del sistema Lexnet se aprecia en el hecho de no ha supuesto una reducción de los tiempos de respuesta y resolución de los Juzgados españoles, que siguen colapsados y tardando de ordinario, en muchas ocasiones, entre 2 y 4 años para fallar un asunto en primera instancia.

- El sistema Lexnet y todas las notificaciones electrónicas y documentos judiciales electrónicos del sistema judicial español, están en servidores del Gobierno y no bajo el control de los jueces y tribunales. Esta cuestión es una quiebra grave del principio de separación de poderes y de la independencia judicial, resultando obvio, que el Gobierno o político de turno, puede, técnicamente, acceder y espiar los documentos judiciales.

Puede obtenerse más información, en español, fácilmente, haciendo una búsqueda en Google, por “Lexnet patata” o “Lexnet Desastre”.

El colectivo @BrigadaTuitera viene desde hace años denunciando todos estos graves problemas y sensibilizando a la opinión pública del riesgo que supone que todo el sistema judicial esté en manos del poder ejecutivo y dependa del mismo. También es fácil encontrar información en Google buscando por “Brigada Tuitera”. 

Por todas estas razones, que les insto a comprobar y verificar, y de las que le puedo remitir todo tipo de información complementaria, es por lo que les muestro mi más enérgica queja a que se puede otorgar un Premio, al solo calificable de nefasto Sistema de Justicia Digital implantado en España.

Reciban un cordial saludo,

Ángel López González
Abogado

Automatic translation into English of the content of the Charter:

To the attention of:

Officers of the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Council of Europe.

Directorate-General for Human Rights and Rule of Law

Division for the Independence and Effectiveness of Justice.

We further request your resubmission to: 

Dearest: 

I am writing to you in my capacity as a Spanish lawyer, and since I have learned that you have been receiving information from the Government of my country on the Digitization of Justice and the Lexnet System.

In this sense, even the Spanish Ministry of Justice is publicly congratulating itself on being nominated and being a finalist for the European Prize "Crystal Balance" for its Digital Justice System.

That beyond the apparently dazzling official data and statistics, the reality is the one that the users (lawyers and prosecutors) of Spain's Digital Justice, especially of the Lexnet System, suffer and know on a daily basis, is as follows:

- The Lexnet system is an old-fashioned, slow system, with very few technical capabilities, which hangs constantly and gives multiple failures and errors.

- The Lexnet system has been implemented and its compulsory use was established, without the means being prepared for its use by the courts, nor the officials trained to use it.

- As the Lexnet system is not well developed, it is constantly being patched, with new versions and updates that force the suspension of the system and that destroy the technical configurations of the computer equipment of the users who are forced to reinstall their systems again and again.

- The Lexnet system, due to its inefficiency and all the above reasons, wastes hours and hours of time for the prosecutors and lawyers who use it, who have been converted into data recorders and classifiers of the writings they send, since the system forces these previous tasks to present any writing.

- The Lexnet system does not respect the right of family and personal conciliation of prosecutors and lawyers, by imposing very short deadlines for review and access to electronic judicial notices and not admitting the right to temporary disconnection.

- The Lexnet system has had significant security failures, detected and verified directly by its users, without the Ministry having previously detected it, and it is foreseeable that it has numerous undue accesses and unknown vulnerabilities.

- In the Courts there is no electronic digital file, so that in most Courts the documents are still printed, so it does not represent any progress, but rather doubles the efforts of time and costs. There is a lot of information that more is being spent on paper than before it was implemented.

- The Lexnet system does not work in the whole country, but each Autonomous Community has different digital systems, which obliges lawyers and solicitors to know all of them, sometimes not being compatible and having led to a doubling of costs.

- The very inefficiency of the Lexnet system can be seen in the fact that it has not led to a reduction in response and resolution times for the Spanish Courts, which continue to collapse and it usually takes, on many occasions, between 2 and 4 years to rule on a case in the first instance.

- The Lexnet system and all the electronic notifications and electronic judicial documents of the Spanish judicial system are on government servers and not under the control of judges and courts. This issue is a serious breach of the principle of separation of powers and judicial independence, and it is obvious that the government or politician in office can technically access and spy on judicial documents.

More information can be obtained, in Spanish, easily, by doing a Google search, by "Lexnet patata" or "Lexnet Desastre".

The @BrigadaTuitera collective has been denouncing all these serious problems for years and raising public awareness of the risk that the entire judicial system is in the hands of the executive and depends on it. It is also easy to find information on Google by searching for "Brigada Tuitera". 

For all these reasons, which I urge you to check and verify, and from which I can send you all kinds of complementary information, is why I show you my strongest complaint that a Prize can be awarded, to the only one that qualifies as a nefarious Digital Justice System implemented in Spain.

Cordial greetings, 

Angel Lopez Gonzalez

Lawyer 

Traduction automatique en français du contenu de la Charte : 

A l'attention de:

Nous vous demandons en outre de nous faire parvenir votre nouvelle demande d'enregistrement à l'adresse suivante : 

Très chère : 

Je vous écris en ma qualité d'avocat espagnol et depuis que j'ai appris que vous recevez des informations du Gouvernement de mon pays sur la numérisation de la justice et le système Lexnet.

En ce sens, même le ministère espagnol de la Justice se félicite publiquement d'avoir été nominé et finaliste pour le prix européen "Crystal Balance" pour son système de justice numérique.

Qu'au-delà des données et statistiques officielles apparemment éblouissantes, la réalité est celle que les utilisateurs (avocats et procureurs) de la justice numérique espagnole, en particulier du système Lexnet, souffrent et connaissent au quotidien, est la suivante :

- Le système Lexnet est un système lent et démodé, avec très peu de capacités techniques, qui se bloque constamment et donne lieu à de multiples pannes et erreurs.

- Le système Lexnet a été mis en œuvre et son utilisation obligatoire a été établie, sans que les moyens nécessaires à son utilisation par les tribunaux, ni les fonctionnaires formés à son utilisation n'aient été préparés.

- Comme le système Lexnet n'est pas bien développé, il est constamment mis à jour, avec de nouvelles versions et mises à jour qui forcent la suspension du système et qui détruisent les configurations techniques de l'équipement informatique des utilisateurs qui doivent réinstaller leurs systèmes encore et encore.

- Le système Lexnet, en raison de son inefficacité et de toutes les raisons susmentionnées, gaspille des heures et des heures de temps pour les procureurs et les avocats qui l'utilisent, qui ont été convertis en enregistreurs de données et classificateurs des écrits qu'ils envoient, puisque le système oblige ces tâches antérieures à présenter tout écrit.

- Le système Lexnet ne respecte pas le droit à la conciliation familiale et personnelle des procureurs et des avocats, en imposant des délais très courts pour le contrôle et l'accès aux avis judiciaires électroniques et en n'admettant pas le droit à une déconnexion temporaire.

- Le système Lexnet a connu d'importantes défaillances de sécurité, détectées et vérifiées directement par ses utilisateurs, sans que le ministère ne l'ait préalablement détecté, et il est prévisible qu'il ait de nombreux accès abusifs et des vulnérabilités inconnues.

- Dans les tribunaux, il n'y a pas de fichier numérique électronique, de sorte que dans la plupart des tribunaux, les documents sont encore imprimés, de sorte qu'ils ne représentent aucun progrès, mais doublent plutôt les efforts en temps et en coûts. Il y a beaucoup d'information selon laquelle on dépense plus d'argent sur papier qu'avant sa mise en oeuvre.

- Le système Lexnet ne fonctionne pas dans tout le pays, mais chaque Communauté Autonome a des systèmes numériques différents, ce qui oblige les avocats et les notaires à les connaître tous, parfois incompatibles et ayant conduit à un doublement des coûts.

- L'inefficacité même du système Lexnet se traduit par le fait qu'il n'a pas entraîné de réduction des délais de réponse et de résolution pour les tribunaux espagnols, qui continuent de s'effondrer et il faut généralement, à de nombreuses reprises, entre 2 et 4 ans pour statuer sur une affaire en première instance.

- Le système Lexnet et toutes les notifications électroniques et les documents judiciaires électroniques du système judiciaire espagnol sont sur des serveurs gouvernementaux et ne sont pas sous le contrôle des juges et des tribunaux. Il s'agit là d'une grave violation du principe de séparation des pouvoirs et de l'indépendance judiciaire, et il est évident que le gouvernement ou l'homme politique en place peut techniquement accéder aux documents judiciaires et les espionner.

Plus d'informations peuvent être obtenues, en espagnol, facilement, en faisant une recherche Google, par "Lexnet patata" ou "Lexnet Desastre".

Le collectif @BrigadaTuitera dénonce depuis des années tous ces problèmes graves et sensibilise le public au risque que l'ensemble du système judiciaire soit entre les mains de l'exécutif et en dépende. Il est également facile de trouver des informations sur Google en recherchant "Brigada Tuitera". 

Pour toutes ces raisons, que je vous invite à vérifier et à vérifier, et à partir desquelles je peux vous envoyer toutes sortes d'informations complémentaires, c'est pourquoi je vous fais part de ma plainte la plus forte qu'un Prix puisse être décerné, au seul qui se qualifie comme un système de justice numérique néfaste mis en œuvre en Espagne.

Salutations cordiales, 

Angel Lopez Gonzalez

Avocat 

Congreso nacional de la Abogacía del año 1989 - Palma de Mallorca.

El Estatuto General de la Abogacía establece lo siguiente:

TÍTULO VII - El Congreso Nacional de la Abogacía Española.

Artículo 76.

1. El Congreso Nacional de la Abogacía Española es su suprema instancia consultiva y las conclusiones tendrán carácter orientador para los órganos corporativos de la misma.

2. El Congreso Nacional será convocado por el Consejo General de la Abogacía, al menos una vez cada cinco años.

Artículo 77.

1. El Reglamento del Congreso Nacional, que determinará la forma de composición del Congreso, será aprobado por el Consejo General y será remitido a los Colegios con la convocatoria.

2. En la elaboración del Proyecto de Reglamento, el Consejo General de la Abogacía lo enviará a las Juntas de Gobierno de los Colegios para que, en plazo de treinta días, formulen sugerencias o enmiendas, que serán debatidas por el Pleno del Consejo General al aprobar dicho Reglamento.

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Por lo tanto, nuestros Estatutos, nuestra norma orgánica y suprema de funcionamiento, configuran el Congreso Nacional de la Abogacía como LA SUPREMA INSTANCIA CONSULTIVA, teniendo sus CONCLUSIONES CARÁCTER ORIENTADOR PARA LOS ÓRGANOS CORPORATIVOS DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA.

Dicho en "román paladino", en el Congreso Nacional de la Abogacía se deberían debatir y aprobar, por todos los abogados, la directrices, programas, políticas y forma de actuación del Consejo General de la Abogacía Española para sus próximos 5 años.

Así ocurría de hecho, al menos, hasta 1989. Tirando de Google y de hemeroteca, podemos ver cómo fue el V Congreso Nacional de la Abogacía celebrado en Palma de Mallorca del 27 al 30 de abril de 1989.

Trascribo el periódico “ABC”, en su tirada nacional, de 29 de abril de 1989, su página 20, que titulaba:

"El sector crítico pedirá la anulación del Quinto Congreso de la Abogacía”: Los representantes del sector crítico han denunciado también que se ha hecho entrega a los congresistas de documentos distintos a los utilizados por los ponentes y se ha impedido la votación de las ponencias tras su debate, posponiendo la votación de las mismas a una consulta conjunta....Posteriormente, el texto habla de Comisiones, Enmiendas, Votaciones, debates, etc. 

Puede accederse al texto integro de la noticia en este ENLACE.

También podemos leer en “La Ley” de esos días lo siguiente:

Titular: Hoy se clausura el V Congreso de la Abogacía: El pleno refrendó las conclusiones de distintas Comisiones. A mediodía de hoy quedará clausurado el V Congreso de la Abogacía Española, que desde el pasado día 27 se ha celebrado en el Auditorium de Palma de Mallorca. En la jornada de ayer se desarrollo la sesión plenaria, en un ambiente de tensión, ante la posición del sector crítico contraria a las decisiones tomadas por la Mesa presidencial. A media tarde, este sector minoritario, representado por el Grupo de Abogados Jóvenes, la Asociación de Abogados para Europa y diversos colectivos de Juristas Demócratas, decidieron abandonar la sesión plenaria, solicitando que el Congreso quedara suspendido y acabara sin formulación de conclusiones....Posteriormente, el texto también habla de Comisiones, enmiendas, votaciones, debates, etc.

O en el periódico “Última Hora”, esto otro:

Titular: “Ruptura total en el polémico congreso de Abogados de Palma: El sector critico acusa de democrática la organización y pide la dimisión de Pedro Rius. La abogada Conde Pumpido dio lectura del escrito de queja en el que se denunciaba en carácter antidemocrático del acto congresual".

Titular: “El Auditorium se convirtió en la torre de Babel de Abogacía”. Los críticos y oficialistas profundamente enfrentados. El Reglamento del Congreso fue aprobado con más de trescientos votos....la constitución de las mesas de trabajo fue otro lío....calificaron de caótica la preparación del Congreso, sobre todo con referencia a la imposibilidad de poder acceder a las ponencias y enmiendas antes de los debates en comisión, la imposición de un reglamento por sistema de adhesión y la votación conjunta de todas las ponencias en lugar de producirse por cada debate..."

Puede accederse a varias noticias de la época sobre el Congreso publicadas en “La Ley” y “Última Hora” en este ENLACE, e incluso a parte de las conclusiones que quedaron aprobadas.

Como se puede ver, había debates entre los abogados, había discusión, había ponencias que se votaban, y esto era la esencia del Congreso: una Asamblea de Abogados; se realizaba todo lo que no hay en los actuales Congresos Nacionales de la Abogacía, que son en esencia formativos, por no decir de mero entretenimiento.

Valgan estas imágenes anteriores, para ver lo que es hoy, o mejor dicho en que han convertido esta Asamblea Suprema de los abogados, este Congreso, que desde luego, no cumple la función estatutaria de ser el máximo órgano consultivo a los abogados. En ese Congreso de Mallorca, parece que quedó aprobado un Reglamento de desarrollo, del que el Estatuto habla. La verdad es que desconozco si está en vigor, en cualquier caso, parece que duerme en algún cajón. Si alguien tiene esa información que la facilite.

El momento exacto en que se decidió por el Consejo General de la Abogacía y la Abogacía Institucional secuestrar la voz de los abogados y abogadas de este país lo desconozco, pero sospecho que fue progresivamente, después de ese V Congreso de Palma de Mallorca, tan controvertido y en el que hubo tanta discusión.

El Congreso que celebran actualmente, y al menos, los de los últimos 20 años, ha sido vejado y convertido en una mera feria de muestras formativa, y lo han hecho siendo plenamente conscientes de la alegalidad y fraude que realizan, siendo por ello que sus organizadores aprueban siempre unas descafeinadas y preparadas conclusiones, con las que cubren el expediente.

Lo que está claro es que nos han secuestrado nuestra voz y nuestra opinión. Algo no cuadraba en todo esto de la Abogacía institucional y del Consejo General de la Abogacía, nos preguntábamos muchos, cómo era posible que los abogados no tuviéramos si quiera voz en la ordenación de nuestra profesión: sí la tenemos, lo que pasa es que se ha secuestrado.

Ahora la cuestión es qué hacemos para recuperar nuestra voz, en principio, si tuvieran un poquito de vergüenza, la mera denuncia y la queja pública debería ser suficiente, pero sinceramente, yo tengo muchas dudas. Así que, ¿qué hacemos?

Ángel López

Abogado

Como me consta que estamos todos siempre hasta arriba de trabajo y ya tenía yo redactada la Carta que remití a mi Decano, con algunas variaciones he realizado un borrador o modelo de la misma, que entiendo vale para hacer llegar a cualquier otro Decano o Diputado. 

Por supuesto, es es libre utilización, podéis cortar,  pegar y modificar al gusto. 

Contra más se envíen, obviamente, mejor y si además hacéis público el envío, tendrá mucho más efecto. 

Abrazo, 

Ángel López. 

Abogado   

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Estimado Decano/a, D/Dª XXXXXX y Diputados de la Junta de mi colegio profesional, el Colegio de Abogados de XXXXX: 

Me permito escribir estas lineas en relación al llamado Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, reforma legislativa, en avanzado desarrollo por parte del Ministerio de Justicia, y que, como compartirás, presentará una gran incidencia en el ejercicio diario profesional de ponerse en marcha.

Este Anteproyecto, que ya adelanto, califico de nefasto, tanto para los justiciables, como para los abogados, consagra eso que el propio preámbulo denomina, como “Mediación Mitigada Obligatoria”, lo que no es sino una carga procesal obligatoria, que no admite excepción alguna y que soslaya el derecho a decidir de los clientes, y por ende de sus letrados, en tanto que asesores jurídicos principales de los mismos.

Quiero resaltar, que mi oposición, no lo es a la Mediación, sistema alternativo que considero útil y beneficioso, sino a un Anteproyecto, que pervierte la propia esencia de voluntariedad implícita en toda mediación ‒obviamente no hasta el punto de anular la voluntad de los justiciables en orden a resolver su conflicto por una vía alternativa‒, pero sí, privilegiando dicha vía, al colocar a los clientes, forzosamente e incluso en contra de su voluntad, en una posición tendente a que terceros interesados y no imparciales, influyan sobre sobre ellos ‒no se dice durante cuánto tiempo ni con qué fórmulas‒, para que medien y pacten, con el agravante de que, además, les deben abonar dicho supuesto “servicio”.

El Anteproyecto impone, sin cortapisas, la carga para el demandante que requiere de tutela judicial efectiva ‒de momento para una serie de supuestos tasados‒, de acudir, previamente y en tanto que requisito de procesabilidad, a sesiones informativas de mediación y a iniciar una sesión exploratoria ante un mediador, permitiendo a su vez, y para cualquier asunto, e incluso en segunda instancia, y con la expresa negativa de las partes y sus letrados, que los jueces les obliguen a pasar por dicho trámite.

En definitiva, la reforma, con la que entiendo que no estarás tampoco de acuerdo:

La realidad es, que al margen de todo lo anterior, el Anteproyecto, presenta similitudes claras con las Tasas Judiciales, en su día tan protestadas desde este Colegio Profesional, dado que ambos mecanismos, suponen en la práctica la obligación de realizar un pago antes o como requisito previo para acceder a la justicia, con el agravante de que ahora, el justiciable, va a ser forzado no solo a realizar un desembolso económico, sino a a asistir personalmente a una reunión (lo que no deja de ser un coste), para que le presten un “servicio”, que no tiene porque querer, ni serle útil, absolutamente para nada.

Por otro lado, marca una tendencia normativa nefasta e infame, que evidencia una claro deseo del Ministerio de privatizar la Justicia, cuestión que ya debería encender todas las alarmas, pues es tendente a forzar, se dice, mitigadamente, la solución de un problema legal, por vías alternativas y diferentes, del derecho a la tutela judicial efectiva, como si recabar y hacer uso de dicho derecho de rango constitucional, fuera reprochable.

Es por todo, que en tanto que mi representante institucional, junto con los miembros de la Junta de Gobierno, a los que agradezco realices el oportuno traslado del contenido de esta comunicación, os solicito, formalmente, que posicionen al Colegio clara y públicamente en contra del Anteproyecto, y realicen, todo cuanto esté en su mano, para que dicho Anteproyecto Legal y la nefasta tendencia normativa que marca no vean la luz.

Sin otro particular y deseando se acoja mi petición, recibid un afectuoso saludo.

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Publicado el 16/02/2019.