Dice el artículo 117.3 de la Constitución Española, que “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”: juzgar y ejecutar lo juzgado, corresponde a los jueces y magistrados, esto es, al Poder Judicial.
Lo anterior no deja de ser
una consecuencia de la deseable y necesaria separación de poderes, pues tan
relevante resulta, que jueces, de forma independiente, juzguen y resuelvan los
procesos, como que sean estos, con igual independencia e imparcialidad, los que
hagan cumplir las resoluciones y sentencias. ¿De qué serviría en otro caso, una
sentencia, si luego el cumplimiento real de la misma no depende de jueces
independientes sino de otros sujetos o de los poderes políticos?
Bien, pues esto, se está
cambiando por la vía de los hechos: el Ministerio de Justicia, se está
apropiando, al menos en la práctica, de la "espada de la Justicia". Y lo peor es
que está pasando y ni siquiera nos estamos dando cuenta.
Verán, a finales de octubre
de 2015, en el último Consejo de Ministros, días antes del inicio de elecciones
de diciembre de 2015, el Ministro de Justicia, Rafal Catalá Polo, y
el actual Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy Brey,
sorprendían inaugurando la Oficina
de Recuperación y Gestión de Activos (“ORGA”) lo que se calificaba y
vendía a la opinión pública como el “Compromiso del Ejecutivo en la lucha
contra la corrupción”, y en palabras del Ministro de Justicia como “un
instrumento más en la lucha sin cuartel que está desarrollando el Gobierno
contra la criminalidad organizada y la corrupción”.
Como puse de manifiesto en
aquellas fechas y documente un año después, en este articulo,
tras publicar la ORGA su primera memoria anual de actividad, la Oficina fue
esencialmente un movimiento de escenificación política de cara a las elecciones:
la corrupción acechaba el Gobierno –hoy casi resulta cómica esta afirmación
pues nos hemos acostumbrado a ello– y urgía aparentar que se luchaba contra
ella.
Tanto el Ministro de
Justicia, como el Presidente del Gobierno, usaron durante la campaña electoral
la noticia de la creación de la ORGA, como el compromiso en firme del Gobierno
de luchar contra la corrupción, de hecho pudimos ver a Mariano Rajoy en
Televisión Española, diciendo “He inaugurado yo una oficina el pasado viernes
porque hemos aprobado una ley que obliga a aquellas personas que han robado a
devolver aquello que han robado”, a pesar de que la inaugurada Oficina
contra la Corrupción, ni existía en aquel entonces, se acababa de crear en
Consejo de Ministros y los funcionarios con los que Mariano Rajoy se hizo las
fotografías para vender a la opinión pública eran meros funcionarios del
Ministerio de Justicia. Así lo contó ElPlural en esta noticia.
El análisis del primer año
de actividad de la ORGA, como se puede leer en el artículo al que me referido,
no podía ser más cómico, básicamente se había dedicado a destruir vehículos que estaban en depósitos
judiciales, nada de buscar bienes de corruptos en paraísos fiscales, ni nada
remotamente parecido, ahora bien, ya entonces, concluía el articulo con la
siguiente reflexión: “De los peligros, de
que exista una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que en vez de
depender del Poder Judicial, dependa del Poder Ejecutivo, en definitiva, del
Gobierno de turno, hablamos otro día, pero no es difícil de intuir
a quiénes van a buscar activos con mayor esmero y a quiénes no, si es que
esta Oficina algún día hace algo más que destruir vehículos”.
El tiempo ha pasado y la
ORGA ha ido creciendo, así como y su actividad, que aunque todavía minoritaria también
ha aumentado, y lo peor, parece que ha venido para quedarse y lo que en mí ha
hecho que sonaran todas las alarmas: el
Ministerio de Justicia ha extendido su implantación a todo el territorio
nacional, otorgándola rango de Dirección General (al mismo nivel que la
Dirección General de los Registros y del Notariado) poniendo al frente de ella
a toda una Directora General (por supuesto dependiente del Ministerio de
Justicia), que tiene un sueldo de 89.399,75 euros (el del Ministro es de
74.975,55€), hecho que no solo es ya de por sí una pasada, sino que demuestra
que esto va bastante en serio y que la ORGA es muy importante para el
Ministerio.
La ORGA en sí misma no es
una mala idea, se trata de que exista una Institución u Órgano especializado,
que colabore y asista a los Juzgados, que no olvidemos son los que tienen que
hace cumplir los fallos, en la ejecución y búsqueda de bienes de aquellos que
hayan sido condenados en procedimientos penales, civiles o de otra índole, y
posteriormente, facilite su embargo y subasta. Hoy en día, ciertamente, para
buscar bienes en general, de una forma eficaz y todavía más en el extranjero o
en paraísos fiscales, hacen falta importantes medios, personal especializado y
sobre todo, muchos acuerdos de
colaboración con entidades y terceros estados. El problema, como ocurre con
LEXNET, el sistema de comunicaciones judiciales, es quién está al frente y quién
decide dentro de esa Institución u Órgano especializado qué se busca.
Obviamente, en toda la
configuración legal de la ORGA, se han cuidado mucho de que esta Oficina, siempre
sea de auxilio y de uso voluntario por parte de los Jueces: lo contrario sería
manifiestamente inconstitucional, por cuanto, como hemos visto, es a los jueces
a los que corresponde ejecutar las sentencias, esto es lo que gráficamente podemos
llamar, "mover la espada". Ahora bien, basta ver la Memoria del 2017 de la ORGA,
para advertir que sus objetivos a medio y corto plazo son que la inmensa mayoría
de las ejecuciones de los jueces pasen por sus manos: con el colapso que tienen
los jueces, la tendencia va ser esa y no es de extrañar que cada vez sean más
los que "reposen su espada" en este nuevo Organismo que tan generosamente el
Ministerio de Justicia pone a su entera disposición. ¡No saben nada!
De este manera, por la vía
de los hechos, por la vía de colapsar a los jueces y no darles medios, para que
sean ellos, los que levanten y muevan la espada, el Ministerio se está
apoderando de la misma. Estamos en realidad, ante una nueva apropiación por
parte del Ministerio de Justicia de competencias que solo deberían estar en
manos del Poder Judicial.
La ORGA es necesaria, y
de hecho por lo que he podido investigar, existe en otros muchos países de
Europa, pero al frente de la misma, como ocurre con LEXNET, debería estar el
Consejo General del Poder Judicial y jueces independientes, lo contrario es
dejar en manos del Ministerio de Justicia, no olvidemos, Poder Político o
Ejecutivo, "la espada" de la Justicia y que por lo tanto, sea el Gobierno, el que
decida a quién investiga con más empeñó y quién no, y eso, es por un lado un
arma política sin precedentes, a través del que se puede perseguir a ponentes políticos,
y por otro, una liberación y válvula de escape para la corrupción que reina en
este país y muy especialmente en el partido del Gobierno, pues si te han
condenado, pero "controlas la espada", la sentencia puede quedarse en papel
mojado, al menos en lo que respecta a las cuestiones económicas –para los años
de prisión ya sabemos que están los indultos y además en corrupción a los 4 días están en la calle–.
Conociendo como conocemos a este Gobierno y la gran cantidad de procesos de corrupción que tiene en sus filas, así como lo poco o nada que le importa en realidad la Justicia, el que esté dedicando tanto esfuerzo y dinero a esto, es muy preocupante, por lo que nuevamente y al igual que ocurre con Lexnet, hay que reclamar y exigir que la espada siga bajo control total de jueces y magistrados, por cuanto conforme a la Constitución y al sentido común, es a los que les corresponde de forma imparcial e independiente ejecutar lo juzgado, sin injerencia alguna interesada del Ministerio de Justicia en dicha labor.
Les advierto, que ya vamos tarde.
Conociendo como conocemos a este Gobierno y la gran cantidad de procesos de corrupción que tiene en sus filas, así como lo poco o nada que le importa en realidad la Justicia, el que esté dedicando tanto esfuerzo y dinero a esto, es muy preocupante, por lo que nuevamente y al igual que ocurre con Lexnet, hay que reclamar y exigir que la espada siga bajo control total de jueces y magistrados, por cuanto conforme a la Constitución y al sentido común, es a los que les corresponde de forma imparcial e independiente ejecutar lo juzgado, sin injerencia alguna interesada del Ministerio de Justicia en dicha labor.
Les advierto, que ya vamos tarde.
Angel López
Abogado
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