La mejor forma de no hacer nada, pero a la vez que parezca lo contrario, entreteniendo a todo el mundo, es inventarse el cuento del Pacto de Estado.
El Ministro de Justicia lleva desde que renovó su cartera hablando de la necesidad de un Pacto de Estado por la Justicia. De hecho constituye la punta de lanza de su programa de acción de gobierno, según declaró nada más renovar la cartera. Allí donde va y no son pocos los actos a los que a diario acude (de hecho parece un relaciones públicas en vez de un Ministro) suelta el rollo de la necesidad de un Pacto de Estado por la Justicia y destaca la importancia de que en el logro de tan elevada tarea colabore todo el mundo.
A tan alta y noble misión se ha lanzado el Consejo General de la Abogacía Española (Abogacía), que ha picado el anzuelo, ofreciéndose a liderar el logro de dicho Pacto de Estado, y para lo que ha realizado una propuesta de 30 genéricos puntos, que tampoco nadie sabe quién los ha establecido. Pero no les quiero hablar de esto en concreto.
La realidad es que, por un lado, un Pacto de Estado requiere, en esencia, de un acuerdo con la inmensa mayoría (cuando no toda) de la oposición política. Algo que en la actual situación de fragmentación parlamentaria, convendrán conmigo que es prácticamente imposible. Además, si esto ya es de por sí difícil con un Ministro normal, la tarea es simplemente imposible, con uno reprobado por el Congreso de los Diputados. ¿Qué grupo político va a pactar nada con él cuando están pidiendo su dimisión? A él le da igual, sigue vendido su rollo y rellenando discursos con el mantra y lo curioso es que, muchos, se lo aplauden. Al Consejo General de la Abogacía Española (Abogacía) el anzuelo no hay quién se lo arranque y ojo porque el sedal es fuerte, por lo que amenaza con arrastrarle hasta el fondo.
Por otro lado, la Justicia, al menos en lo que respecta a sus necesidades más acuciantes y relevantes no requiere de grandes cosas. O mejor dicho, no requiere de cosas complicadas. Es más, sobre ellas, ya existe un gran consenso. Estas serían, en mi opinión, algunas de esas medidas que se vienen reclamando por la inmensa mayoría de los sectores profesionales relacionados con la Justicia y cuentan con el visto bueno o el interés de la mayoría de los grupos políticos.
– Eliminación de las Tasas Judiciales, al menos a las PYMES y ONGs.
– Elección de la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los jueces y que el Gobierno deje de inmiscuirse en las designaciones de cargos judiciales.
– Creación de un sistema electrónico de gestión procesal único e integral a nivel nacional, dotado de tecnología avanzada y puntera, siempre bajo el total control del CGPJ.
– Elevación progresiva del presupuesto nacional de Justicia hasta lograr una Justicia que dé respuesta a la ciudadanía en tiempos razonables, lo que requiere de la creación de nuevos juzgados para contar con la ratio de juez por habitante media de los países de la Unión Europea (actualmente estamos en la mitad).
– Consolidar la actual planta judicial, de modo que cualquier alteración sea siempre para aumentar el número de sedes judiciales y acercar más la justicia a la ciudadanía.
– Garantizar el actual sistema de justicia gratuita, mejorando las retribuciones del turno de oficio y estableciendo su liquidación mensual puntual.
– Derogación de la Ley Mordaza, retirada de las limitaciones de plazo en la instrucción penal y abandono de la idea de instrucción por los fiscales.
Todas esta cosas, más o menos, las viene reivindicando con insistencia el Movimiento #T, Brigada Tuitera, cuyo Manifiesto destaca la Justicia como valor esencial de nuestro sistema democrático y poder estatal fundamental para acabar con la corrupción, y cuentan con amplio respaldo político y social. De hecho, son tan evidentes y sanas para nuestro Estado de Derecho que nadie puede estar en contra de ellas. Convendrán conmigo que de implementarse supondrían para nuestra tercermundista Justicia el mayor avance en calidad de su historia democrática.
Pues bien, todas, absolutamente todas, las puede hacer el Gobierno sin necesidad de Pactos de Estado, ni mandangas, ni cuentos chinos. Algunas requieren del apoyo de otros grupos políticos, pero ninguno se opondrá a su tramitación legislativa, quedando en cualquier caso retratado si osara dificultar su logro.
La simple y llana realidad es que ni al Ministro, ni al Presidente del Gobierno, les da la gana hacerlas. Es mucho mejor marear la perdiz con la necesidad de un Pacto de Estado por la Justicia, como si fuera necesario acordar toda reforma en bloque, lo que no es otra cosa que un maravilloso cuento. Un cuento que por otro lado, y de ser realizable, nada tiene que ver con mejorar la Justicia. Eso no está en la agenda del Ministro, cuyos objetivos en la sombra son otros:
– Abaratar costes de funcionamiento ordinario de la Justicia a través de un aumento de los gastos de acceso o una desincentivación a demandar. A dicho objetivo tienden medidas como las tasas judiciales, la despenalización de los tráficos y numerosos delitos menores e imprudencias, ello sumado a una desjudicialización de determinadas conductas para su castigo, en su caso, en vía administrativa. La mayoría de las reformas legales en materia de justicia han tendido a este objetivo y lo que se pretende con un hipotético Pacto de Estado es ahondar en las mismas. No pensarán que van a hacer ahora algo distinto a lo que vienen haciendo.
La otra línea de actuación con la que se pretende abaratar costes es con medidas que implican una disminución de la calidad de nuestra Justicia. Son medidas tendentes a la especialización y concentración de juzgados en las capitales de provincia (les da igual alejar la justicia del ciudadano). Finalmente, desde el control del CGPJ se aprieta a los jueces para que cumplan con el rendimiento estadístico que se les ha prefijado (la calidad de los fallos no importa) existiendo una tendencia a que se recorte sistemáticamente la práctica de pruebas y la realización de conclusiones. Por primera vez en la historia se ha limitado el número de folios que los abogados podemos usar en un recurso. Se buscan jueces autómatas y no conflictivos. Nada de innovar. Los que pisamos los estrados a diario, venimos percibiendo con preocupación, como a los abogados cada vez se nos deje intervenir menos en los juicios, lastrándose el derecho de defensa que ya anda por los suelos.
– Control absoluto de la Justicia: por un lado para salir impune en casos de corrupción, pero por otro, para evitar fallos judiciales o líneas de jurisprudencia que naden a contra corriente y pueden poner en peligro el sistema económico. Nada debe poner en riesgo la estabilidad presupuestaría. Medidas como la jurisprudencia vinculante, la instrucción por los fiscales, la limitación de la acusación popular, Lexnet bajo control del Ministerio, o la última, de los nuevos juzgados trampa (uno solo en cada capital de provincia) para los consumidores que reclaman contra los bancos, van por esa línea.
Por supuesto olvídense de mayor inversión en Justicia o más juzgados. En la mente del Ministro y así lo ha manifestado en muchas ocasiones, no cabe semejante idea tan simple pero eficaz. La Justicia para el Ministro es un ente infinito que vía reformas legales y estructurales siempre puede asumir cualquier carga de trabajo sin bajar la calidad de sus fallos. En realidad, esto último, a nadie le importa. La cuestión es sacar sentencias. Si son justas o no, da exactamente lo mismo.
En definitiva, todo un cuento, y un cuento con una parte oculta y perversa, para la que el Ministro ni siquiera actualmente está capacitado (Mariano Rajoy, el director de todo esto, ya se habrá percatado) por cuanto tras sus escándalos en el caso Lezo, Maza y Moix, toda su actuación goza de una presunción pública y política de maldad y perversión que bloquean no ya un Pacto de Estado sino cualquier propuesta legislativa que pretenda realizar.
Pues así estamos, con cuentos.
Ángel López.
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