Esta columna de opinión tiene por objeto pedirte que reacciones. ¿O vas a seguirles el juego y vivir en un Estado que no es de derecho?
A día de hoy han pasado más de 30 días desde la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad parcial de las tasas judiciales. Con excepción de la abogada y profesora de derecho civil, Verónica del Carpio, no he visto a nadie escribir nada que alerte sobre el problema (consulte el completísimo análisis de Verónica del Carpio en este enlace).
Nos ha pillado a todos de vacaciones. No obstante, creo que no es tarde para reaccionar y es fundamental que el sector jurídico se movilice.
Vamos a hacer un poco de memoria:
En octubre de 2012, el ministro de Justicia, en aquel entonces Alberto Ruiz Gallardón, aprueba unas tasas judiciales que son una auténtica barbaridad, dado lo elevado de las cuantías que se establecían, tanto para demandar, como en mayor medida, para recurrir cualquier sentencia judicial.
Dichas tasas judiciales no establecían ningún tipo de progresividad. Pagaba lo mismo una empresa que cualquier particular.
Creo que no resulta necesario explicar lo grave que resulta en un Estado de derecho que no se pueda acceder a la Justicia y sobre todo, que los que menos tienen sean los que no puedan demandar o recurrir y tengan que renunciar a la defensa de sus derechos.
Ningún ministro de Justicia es tan estúpido de poner unas tasas judiciales por capricho. Y menos cuando lo recaudado con ellas no se destina a su propio Ministerio, sino que se ingresa en la caja común de los Presupuestos del Estado.
Por otro lado, un ministro de Justicia no tiene capacidad para aprobar unas tasas judiciales, por lo que la orden de imponerlas tuvo que ser dada por el ministro de Economía, con el visto bueno, del presidente del Gobierno.
NO SON LAS TASAS JUDICIALES DE GALLARDÓN
Por favor, no volvamos a hablar de las tasas judiciales de Gallardón. Èl sólo fue una marioneta.
Son las tasas judiciales del Partido Popular y del presidente del Gobierno, ahora en funciones,Mariano Rajoy.
Y no solo pretendían recaudar.
El objetivo era impedir que se accediera a la Justicia, reducir un derecho fundamental en un Estado de derecho y además restringírselo a los que menos capacidad económica tienen.
Si el objetivo hubiera sido recaudar, se hubiera permitido aplazar o fraccionar el pago de la tasa judicial tal, y como resulta posible para cualquier tributo.
Tras las fuertes quejas del sector jurídico y las numerosas peticiones a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que recurriera la inconstitucionalidad de estas tasas judiciales, la defensora decide realizar unas recomendaciones al ministro, a modo de condición para no recurrir su inconstitucionalidad.
Tras el paripé y “el teatrito” de una negociación, el Gobierno accede a reducir las tasas para las personas físicas, si bien, el importe sigue siendo elevadísimo.
Hay que ser consciente de que las recomendaciones sugeridas por la defensora del Pueblo no se aceptaron totalmente. Porque de haberse aceptado íntegramente, hubieran dejado unas tasas inconstitucionales. Todo ello a la vista de la sentencia finalmente dictada por el Tribunal Constitucional y a la que posteriormente me referiré.
SOLEDAD BECERRIL NO ES DEFENSORA DEL PUEBLO
Por favor no volvamos a referirnos a Soledad Becerril como “defensora del Pueblo”, porque no defiende más que al Partido Popular.
Este hecho es extremadamente grave, dado que esta Institución tiene atribuida la función constitucional de recurrir las leyes inconstitucionales y que pueden causar graves estragos a la ciudadanía.
A pesar de que con fecha 29 de julio se hizo pública la sentencia que ha declarado inconstitucionales las tasas judiciales, a día de hoy no se conoce declaración o valoración alguna sobre la misma por parte de “la defensora del Pueblo”.
En definitiva, esta institución, que debe protegernos de leyes inconstitucionales, no cumple su papel.
Y no existe garantía alguna de que nuevas leyes inconstitucionales vuelvan a no ser recurridas.
En el caso de las tasas judiciales hubo suerte.
El PSOE recurrió la Ley de tasas judiciales, teniendo los 50 diputados preceptivos detrás.
Podría no haber sido así. La institución responsable de controlar las leyes inconstitucionales es el Defensor del Pueblo y este mecanismo ha fallado estrepitosamente.
LO QUE GANA
Por cierto que si te quieres cabrear más todavía con la actuación de la “defensora”, sí, la nuestra, la “del Pueblo”, puedes consultar aquí el salario que le pagamos entre todos a una persona que no cumple con sus obligaciones.
No es la “defensora del Pueblo” sino la “defensora del Gobierno”. Por su actuación en este asunto de las tasas lo ha dejado muy claro “urbi et orbi”.
Por otra parte, el nuevo ministro de Justicia que sustituyó a Gallardón realizó lo siguiente: siendo consciente de que las tasas judiciales eran inconstitucionales, reformó la Ley para eximir a las personas físicas de su pago.
De ese modo, se evitaba que el Tribunal Constitucional tuviera que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las tasas judiciales para las personas físicas, reduciendo el daño para el Gobierno, una vez recibida la sentencia de inconstitucionalidad, que era evidente.
Así pues, lo que en principio se vende por el ministro como un acto de generosidad y de diálogo con los operadores jurídicos, es simplemente una maniobra para reducir el coste político de una declaración de inconstitucionalidad sobre unos cobros injustos e ilegales realizados a particulares.
COBRAR POR ACCEDER A LA JUSTICIA ES INFAME
¡Ojo!, cobrar por acceder a la Justicia es infame y ello es así, aunque fuera constitucional.
Cobrar inconstitucionalmente por acceder a la Justicia, cuando es público y notorio que lo era, y cuando todos los operadores jurídicos lo están denunciando, es incalificable.
El ministro Catalá ha tenido por lo tanto la posibilidad de ajustar las tasas a la Constitución, pero no lo hizo. Prefirió seguir cobrando tasas inconstitucionales.
Por lo tanto, la Ley actual que ha sido declarada parcialmente inconstitucional,m no es la de Gallardón, es la de del Partido Popular, la de Mariano Rajoy y la de su peón, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá Polo.
Tras la sentencia, las únicas declaraciones que se conocen de Catalá son que se reformará la Ley para establecer unas tasas acordes a la Constitución.
¡¡¡¡Venga, circulen!!!!, aquí no ha pasado nada.
¡Hemos cobrado a todos, personas físicas y jurídicas indebidamente, hemos impedido a muchos demandar o recurrir, pero a partir de mañana, ya no lo vamos a hacer!
¿No me digan que no es maravilloso?
Este ministro, al que algunos calificaban de “dialogante”, y al que se ha invitado a todo tipo de actos, porque otra cosa no, pero es el rey del “photocall”, tiene más cara que espalda y está inhabilitado para liderar ningún tipo de acuerdo o pacto por la Justicia.
Debe dimitir de inmediato y debe ser declarado persona no grata en todo acto institucional de la Abogacía.
Sinceramente creo que será sustituido pronto, con el objetivo de cerrar la responsabilidad política y precisamente por esta inhabilitación, pero ello no impide que hasta entonces se exija con toda rotundidad.
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LE VIENE MUY GRANDE EL NOMBRE
Vamos con el papelito del Tribunal Constitucional, al que, grande, muy grande le viene el nombre.
Casi 4 años ha tardado en resolver el recurso de inconstitucionalidad.
Y, mientras, la “defensora del Gobierno”, Soledad Becerril, callada.
No existe justificación alguna para este retraso en un tema tan importante y con tantas críticas por parte del sector legal.
En realidad no han dictado una sentencia. Le han dado al ministro las pautas para establecer unas tasas constitucionales, a todos (personas físicas y jurídicas), cuando políticamente, ya no podían mantener más esta infame farsa, pues a instancias de la ‘Brigada Tuitera’, en la mini legislatura fallida quedó aprobada por unanimidad en el Congreso la toma en consideración del Proyecto de Ley para eximir de tasas judiciales a las pymes y entidades sin ánimo de lucro.
Para que el tema suponga el menor desgaste político, la sentencia se hizo pública el 29 de julio.
¡¡¡¡Venga, circulen!!!!, estamos de vacaciones, en septiembre ya nuevo Parlamento, reformamos la Ley como ha dicho el ministro y la ajustamos a lo dicho por el Tribunal Constitucional.
¿No es maravilloso?
Por supuesto el Tribunal Constitucional ha dicho que de devolver el dinero cobrado ilegalmente, nada de nada, pelillos a la mar.
¡¡¡Circulen!!!
Y, mientras, recuerden, la “defensora del Gobierno”, sigue callada.
¿No es maravilloso?
Por cierto que a los miles de justiciables, ya sean ciudadanos o personas jurídicas que se han quedado sin Justicia, por no poder demandar o recurrir, nadie, absolutamente nadie va, no ya a darles una solución, ni siquiera les van a pedir perdón.
Ni lo ha hecho el Gobierno, ni el ministro, ni la “defensora del Pueblo”, ni el Tribunal Constitucional.
El verdadero problema salta a la vista, lo ocurrido con las tasas judiciales lo deja ver con toda su cruda y preocupante realidad.
Esto no es un Estado de derecho. Esto es un auténtico cachondeo. Una monarquía bananera en la que pueden aprobarse leyes inconstitucionales, y en la que los mecanismos para combatirlas y corregirlas están al servicio del Gobierno.
Esta vez han sido las tasas judiciales. Mañana, ¿quién sabe?.
Y quién sabe quién puede estar en el Gobierno y qué se le puede ocurrir aprobar.
No es una cuestión partidista, es un problema grave de orden constitucional.
Si este Gobierno lo ha hecho, lo pueden hacer otros. Esta vez se ha limitado el derecho a acceder a la Justicia. Mañana, quizás, a la educación, a la sanidad, a tu propia libertad…
Aquí ha fallado el Gobierno, el Parlamento, la defensora del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
Se dice pronto. Y lo que es peor, no hay nadie que sea responsable y no parece que nadie vaya a dar la voz de alarma.
La Constitución Española, esa que se nos vende por los políticos y los medios de comunicación como una maravilla que permite la convivencia de los españoles y establece un marco de justicia, libertad, derechos y convivencia, puede y está siendo vejada por la vía de hecho.
En la práctica es papel mojado que de poco o nada sirve pues los controles y mecanismos que para su cumplimiento existen han sido sometidos por el Gobierno.
Y ahora, ¿qué vamos a hacer?
Seas jurista o seas ciudadano, convendrás conmigo qué algo habrá que hacer y que no podemos permanecer impasibles ante este problema.
¿O les vas a hacer el juego y vamos a seguir viviendo en un Estado que no es de Derecho?
Lo dicho, siento fastidiarte la vuelta de las vacaciones, pero algo #Tenemos que hacer…
Ángel López
NOTA: Columna de opinión, publicada en Confilegal, con el titulo original de "Siento fastidiarte la vuelta de vacaciones, pero no vives en un Estado de Derecho".
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