La subida de 900 euros a 2000 euros de la necesidad de pleitar con abogado y procurador, lejos de facilitar que el ciudadano pueda acceder a la Justicia con un menor coste, al prescindir de estos profesionales, ocasiona en la práctica que al final no se demande.

Para pleitos de menos de 2000 euros, como el ciudadano solo no está capacitado para llevar su defensa, intenta contratar a un abogado y procurador, pero estos no pueden asumir el encargo, por una mera cuestión de costes, dado que al no ser obligatoria su asistencia, no cabe repercutir sus honorarios en la condena en costas, por lo que el coste de su intervención se “come” el interés económico del pleito.

En definitiva, ciudadano, si su pleito es inferior a 2000 euros, o se defiende usted solo, con el riesgo que ello implica, o no es interesante hacerlo por un mera cuestión de costes.

Esto último, el que al final no se demande, es lo que suele ocurrir.

Estamos ante otra medida tendente a impedir que temas de escasa cuantía (no tan escasa 2000 euros) lleguen a los Juzgados.

Ni que decir tiene, que los grandes beneficiados son las grandes compañías y empresas de prestación de servicios o venta de productos, frente a las que el consumidor poco puede hacer, al costarle más el abogado y procurador, que lo que reclama.

El resultado, miles y miles de pequeñas injusticias se quedan sin poder ser rectificadas por los Tribunales, lo que acrecienta que las mismas se realicen masivamente, dado que los que las cometen, ya saben que no serán demandados.

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